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Política

Gandia

Los socialistas admiten haber aceptado acuerdos lesivos

El gobierno de Gandia acuerda pagar 350.000 euros a Coco Loco y el PP exigirá responsabilidades patrimoniales a los socialistas

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Prieto (izqda.) y Mascarell hoy. (F.: Oltra.)

22/09/2016 19:00

Redacción

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El allanamiento o desistimiento del consistorio e IPG, en muchas de las causas judiciales en curso, como en el caso de los trabajadores despedidos de manera improcedente o nula o los acuerdos extrajudiciales que está alcanzando el actual Ejecutivo Local, está dañando el patrimonio municipal.


El Grupo Municipal Popular ha informado esta mañana que las decisiones del actual ejecutivo local, están dañando el patrimonio municipal y por tanto de todos los gandienses.

Todo ello, en referencia a la táctica generalizada de allanarse, desistir, no presentarse a los juicios, o alcanzar acuerdos extrajudiciales lesivos donde reconocen que sus propias actuaciones vulneraron la Ley, con el consiguiente castigo patrimonial para las arcas municipales.

Pues bien, a colación de esta noticia, los socialistas han admitido en rueda de prensa que han adoptado otro acuerdo lesivo, al rescindir un acuerdo de arrendamiento, con el que se posibilitó el cese de las actividades molestas en un entorno residencial. El actual Ejecutivo Local, ha adoptado un acuerdo lesivo para los intereses de Gandia, al allanarse nuevamente y no defender en Sede judicial, los intereses patrimoniales de Gandia y acceder a la pretensión económica de una mercantil.

Una táctica perniciosa, que tiene un seguido y es el de facilitar la indefensión del Consistorio y su empresa municipal, al objeto sumar y sumar, sentencias y acuerdos extrajudiciales lesivos, con el que atacar políticamente y judicialmente, al anterior Ejecutivo Local del PP.

No obstante, el Grupo Municipal Popular, elevará a la Junta General Universal una propuesta de acuerdo, con el que solicitar la acción social de responsabilidad a los actuales gestores de la empresa municipal, por permitir acuerdos extrajudiciales perniciosos para los intereses patrimoniales de la sociedad municipal.

Por último, cabe recordar lo taxativo de la Ley, entorno a la prohibición de las Administraciones Públicas, de allanarse en las causas que tenga en curso, algo que viene a reforzar la tesis sostenida por los populares.


NOTA DEL GOBIERNO

El portavoz del gobierno, José Manuel Prieto, y Vicent Mascarell, en representación del equipo de liquidadores de la empresa pública IPG, comparecieron hoy en rueda de prensa para informar del acuerdo extrajudicial con el que la empresa pública ha llegado con los propietarios del local donde antiguamente estaba ubicada la discoteca Coco Loco.

De esta manera IPG deberá pagar 350.000 euros a los propietarios de la discoteca, ya que desde la firma del acuerdo no se había satisfecho ninguna de las mensualidades acordadas y que ascendían a 10.000 € mensuales a pagar durante 15 años.

En primer lugar Vicent Mascarell, se refirió a la sentencia por la que IPG deberá pagar € 12.000 a cuatro trabajadores por despido improcedente tras cerrar el servicio de Labici. "No es el primero ni será el último. Cuando llegamos a la empresa pública había más de 100 trabajadores que no habían accedido mediante los mecanismos de publicidad y libre concurrencia por los que debe regirse una mercantil pública y que suponían un coste mensual cercano a los 300.000 €. La situación económica y el proceso de liquidación están obligando a practicar los despidos".

Seguidamente, Mascarell ha informado de que esta misma mañana se ha firmado un acuerdo judicial ante el juzgado de Primera Instancia número 5 de Gandia por el que la empresa pública tendrá que hacer frente a 350.000 € por los alquileres de Coco Loco que nunca se pagaron.

Un acuerdo anunciado por el anterior alcalde de la ciudad, Arturo Torró, como "cueste 0" y del que los responsables de la empresa pública, el PP y el exalcalde negaron la existencia de un contrato de alquiler que obligaba hacer frente a un total de 1.800.000 € durante 15 años.

"Se ocultó a la ciudadanía y la opinión pública un contrato entre la mercantil pública y la privada y ahora, en sede judicial hemos conocido de su existencia. Un contrato que permitía utilizar unas instalaciones que nunca se usaron. Además, no tenemos ni las claves "declaró Mascarell quien añadía que" rompemos un contrato que suponía una losa inmensa para la ciudad por un espacio inútil".

Por su parte, José Manuel Prieto, ha querido transmitir el esfuerzo que supondrá para el consistorio el pago de estos 350.000 euros a través de IPG. "Si comparamos este importe con gastos a los que debe hacer frente este ayuntamiento podemos descubrir el tamaño de la ruina y el pufo que tenemos que afrontar por el" coco loco "de los anteriores gestores de esta ciudad y que tiene consecuencias directas en la vida de las personas".

El concejal ha pedido a los populares que "dejen de aleccionar después habernos dejado una situación ruinosa y que asuman sus responsabilidades. Debemos preguntarnos quien decidió esta operación y nos metió en este pufo que tiene estas consecuencias. Estamos abriendo una nueva etapa para la ciudad que dejará atrás esta fase oscura de pufo y engaños que tenemos que solucionar pero sin olvidar los que fueron los responsables".

Finalmente, Vicent Mascarell ha anunciado que en el caso de los despidos y del acuerdo al que se llegó hoy, que el gobierno incluirá el coste de estas operaciones dentro de la acción de responsabilidad social que la mercantil interpondrá contra los anteriores gestores de la empresa pública IPG. "Intentaremos que no les salen gratis sus malas gestiones. Hay una responsabilidad política que, por acción u omisión han cometido. Ya nos ha costado € 350.000 y nos podría haber supuesto € 1.800.000".

Tras el acuerdo, la empresa privada recuperará la propiedad del local que no podrá volver ha usar como discoteca y debe destinarse a otro uso que no provoque molestias a los vecinos de la zona.

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